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EJEMPLOS DE LOS ARTÍCULOS 59.6.b), 60 Y 71 DE LA LEY 30/1992: PUBLICACIÓN DE ACTOS, Y SUBSANACIÓN Y MEJORA DE LA SOLICITUD.

Lunes, abril 5th, 2010

     ARTÍCULO 59.6.b) LEY 30/1992.

     El artículo 59 Ley 30/1992 se titula “Práctica de la notificación“.

     Su apartado 6 indica que “la publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:”

     Y la letra b) de ese apartado 6 establece: “Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo (como sería el caso de unas oposiciones o la concesión de subvenciones limitadas en su número y por las que optan varios interesados). En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.”

     ARTÍCULO 60 LEY 30/1992:

     Se titula “Publicación” (de los actos administrativos, se entiende), e indica que:

     “1. Los actos administrativos serán objeto de publicación

               – cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o

               – cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.

      2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el punto 2 del artículo 58 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el punto 3 del mismo artículo. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.”

     ARTÍCULO 71 LEY 30/1992:

     El artículo 71 Ley 30/1992 se titula “Subsanación y mejora de la solicitud

     Tiene el siguiente contenido:

     “1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días (hábiles), subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición (como si dijera expresamente que ya no quiere la licencia, beca o subvención), previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.

     2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva (por lo que no cabría en el caso que nos ocupa), este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días (puede ser uno, dos, tres, cuatro o cinco días hábiles más), a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales (hay que pedirlos al extranjero, por ejemplo).

     3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta (breve), que se incorporará al procedimiento.

     EJEMPLO:

     Como ejemplo de estos artículos tenemos la Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Dirección General de Montes, por la que se requiere la mejora de las solicitudes presentadas por los interesados al amparo de la Orden de 28 de diciembre de 2009 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2010 las ayudas para el fomento de la silvicultura en bosques en el medio rural, que tiene el siguiente contenido:

     <<El artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que si la solicitud de iniciación de un expediente no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.

     El artículo 10.1º de la Orden de 28 de diciembre de 2009 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2010 las ayudas para el fomento de la silvicultura en bosques en el medio rural (Diario Oficial de Galicia del 5 de enero), prevé que, una vez presentada la solicitud, se revisará su documentación y, en el caso de que contenga defectos u omisiones, el requerimiento de errores de la solicitud, por tratarse de un acto integrante de un procedimiento de concurrencia competitiva, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.6º b), 60 y 61 de la indicada Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, se hará mediante publicación en el Diario Oficial de Galicia, y surtirá los mismos efectos que la notificación individualizada. Esta publicación también se realizará en el tablón de anuncios y en la página web de la Consellería del Medio Rural, a la cual se remitirá el texto publicado en el Diario Oficial de Galicia.

     En consecuencia,

     RESUELVO:

     Requerir a los solicitantes que figuran en el anexo de esta resolución para que en un plazo de diez días hábiles subsanen la falta o acompañen los documentos que se especifican en dicho anexo.

     En caso de que no lo hiciesen así, se les tendrá por desistidos de su solicitud, previa resolución que se dicte al efecto.>>

     Los Anexos los podéis leer pinchando en el enlace.

     EXCLUSIÓN DEL ARTÍCULO 61 LEY 30/1992:

     Aunque la Resolución cita al artículo 61 Ley 30/1992 “Indicación de notificaciones y publicaciones“, no creo que esta Resolución sea un buen ejemplo de este artículo, ya que el mismo señala:

     “Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.”

     En el caso de esta Resolución, no se hace una “somera indicación”, emplazando a los interesados a conocer el resto del acto en un lugar determinado, sino que toda la información se publica en el DOG, sin necesidad de que los interesados acudan a ninguna parte.

     TEST LEY 30/1992: TÍTULO PRELIMINIAR, 52 PREGUNTAS.

TEST LEY 30/1992: TEST DE 52 PREGUNTAS SOBRE EL TÍTULO PRELIMINAR DE LA LEY 30/1992.

Lunes, abril 5th, 2010

     ¿Qué os ofrece este test de 52 preguntas sobre el Título Preliminar de la Ley 30/1992?

          – Definición de “régimen jurídico de las Administraciones Públicas”, con ejemplos.

          – Diferencia entre “procedimiento administrativo” y “procedimiento administrativo común“, con ejemplos.

          – Clasificación de las entidades de derecho público, con ejemplos.

          – Diferencia entre entidades de derecho público y corporaciones de derecho público, con ejemplos.

          – Definición de “potestades administrativas“, con ejemplos.

          – Definición de “personalidad jurídica“, con ejemplos.

          – Diferencia entre personalidad jurídica “única“, “propia” y “plena“, con ejemplos.

          – Diferencia entre “eficacia” y “eficiencia“, con ejemplos.

          – Ejemplificación de la relevancia del principio de jerarquía en la propia Ley 30/1992.

          – Diferencias entre desconcentración y delegación de competencias, con ejemplos.

          – Relación del Título Preliminar de la Ley 30/1992 con la Constitución Española.

      Cuando de tres artículos se hacen 52 preguntas, que junto a los comentarios llegan a las 25 páginas de Word, eso significa que se han estudiado por arriba y por abajo, y que se ha intentado por todos los medios clarificar y ejemplificar los conceptos básicos que se utilizan a lo largo de toda la Ley 30/1992.

     Yo os lo recomiendo.

     Para hacer el test, pulsa aquí.

TEST SOBRE LA ESTRUCTURA Y DATOS GENERALES DE LA LEY 30/1992.

Martes, marzo 30th, 2010

VIDEO SOBRE LA LEY 30/1992: LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.

Viernes, marzo 26th, 2010

LA LEY 25/2009 MODIFICA UN ARTÍCULO DE LA LEY 30/1992 Y LE AÑADE OTROS DOS.

Lunes, marzo 1st, 2010

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, modifica un artículo de la Ley 30/1992 y le añade otros dos. Aquí los tenéis:

Artículo 2. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se modifica del siguiente modo:

Uno. Se añade un nuevo artículo 39 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 39 bis. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad.

1. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.

2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan.»

Dos. El artículo 43 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.

Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.»

Tres. Se añade un nuevo artículo 71 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 71 bis. Declaración responsable y comunicación previa.

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1.

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por vía electrónica.»

LEY 30/1992, DE RÉGIMEN JURÍDICO: EL BOE PUBLICA DOS REALES DECRETOS RELACIONADOS CON ESTA LEY.

Domingo, febrero 28th, 2010

     El BOE de hoy, 25 de febrero de 2010, publica dos Reales Decretos relacionados con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

     -Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro (la versión sin actualizar de este RD 772/1999 la poséis encontrar pinchando en este enlace).

     – Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen criterios para la emisión de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.